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Se refuerza el frente contra el nuevo impuesto digital europeo

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Europa GDPR

Irlanda se suma a República Checa, Suecia y Finlandia en la oposición a los planes de la comisión europea de implantar un nuevo impuesto digital, que podría aprobarse en diciembre. Sus detractores afirman que este plan contraviene las normas de la OCDE, y sus defensores, especialmente Francia, Alemania y Reino Unido, son partidarios de ser más estrictos con los gigantes tecnológicos a los que más afectaría este nuevo impuesto.

La Comisión Europea lleva tiempo buscando una forma de evitar la evasión fiscal de las grandes compañías tecnológicas que operan en la Zona Euro, y que se sirven de numerosas técnicas fiscales para sortear las cargas fiscales de los países en los que desarrollan sus actividades. En los últimos años, numerosas empresas dedicadas a la tecnología, especialmente a los servicios en la nube, los servicios digitales profesionales, el mercado de colocación, las redes sociales y el comercio electrónico han aumentado enormemente su volumen de negocio en la región. Y muchas voces críticas opinan que han pagado muy pocos impuestos, comparándolos con los beneficios que han obtenido. Para combatir esto la Comisión ha planteado introducción de un nuevo impuesto a las grandes compañías tecnológicas, que les obligaría a pagar un 3% adicional sobre sus beneficios. Esta tasa se aplicaría a los ingresos provenientes de la publicidad dirigida al usuario final, las suscripciones a servicios y la venta de datos personales. Esto se aplicaría a las empresas que declaran ingresos anuales mundiales superiores a 750 millones de euros, y con ingresos imponibles de al menos 50 millones de euros en la Unión Europea. Entre ellas se encuentran Google, Apple, Facebook o Spotify, y otras grandes multinacionales extranjeras.

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Los principales impulsores de esta medida son Francia, Alemania y Reino Unido, a los que hasta ahora se oponían República Checa, Suecia y Noruega. Pero, recientemente, Irlanda ha decidido sumarse oficialmente al frente crítico con esta nueva normativa, ante la posibilidad de perder hasta 160 millones de euros en ingresos fiscales. En su presentación conjunta del día 7 de octubre declararon que este nuevo impuesto iría en contra de las normas de la OCDE sobre BEPS (erosión de la base y participación en los beneficios). Por su parte, las empresas que se verían afectadas por esta nueva tasa se quejan de que de esta forma se les impondría una doble fiscalidad sobre los mismos ingresos. La Comisión Europea discutirá sobre este nuevo impuesto el 26 de octubre en una comisión de expertos, donde se enfrentará n las diferentes opiniones sobre la forma de fiscalizar los grandes negocios tecnológicos. Aún es pronto para saber si esta nueva norma verá la luz, pero la Comisión ya ha indicado que esta sería una solución provisional, que se pondría en marcha a la espera de realizar reformas más profundas.