Europa cambia de estrategia con respecto a las grandes tecnológicas
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La propuesta de imponer un impuesto digital a las grandes empresas tecnológicas en Europa quedó bloqueada debido a la fuerte oposición del bloque de países nórdicos, por lo que la UE ha cambiado de estrategia. Por el momento, seguirá las recomendaciones de la OCDE, tratando de cerrar brechas para evitar excesivas reducciones de impuestos, pero si no se logran avances, el gobierno europeo podría volver a la estrategia original.
Durante el pasado mes de marzo, los países nórdicos hicieron valer su fuerza conjunta en las negociaciones sobre el nuevo impuesto digital que la Unión Europea quería imponer a las grandes empresas tecnológicas que operan en la región, bloqueando esta iniciativa. La intención de las autoridades europeas era crear un impuesto a os servicios digitales para contrarrestar la importante pérdida de capital que se está produciendo en la UE, debido a las fórmulas de tributación que emplean estas compañías, que les permite no pagar impuestos en la Unión, o pagar tasas mínimas.
Este problema preocupa mucho a los gobiernos de diferentes países, entre ellos Francia, Alemania, España o Italia, pero no a todos. Se ha formado una oposición importante a esta idea de gravar más a las grandes tecnológicas, encabezada por los tres países nórdicos, pero que también ha encontrado respaldo en otras naciones en las que se han afincado estas corporaciones, por ejemplo, Holanda o Irlanda. Finalmente, a pesar de la corriente a favor de este nuevo impuesto, el bloque de oposición venció en las negociaciones, paralizando el plan original.
Los países que se oponen tienen un especial interés en que estas grandes empresas se afinquen dentro de sus fronteras, y muchos de ellos han puesto en marcha políticas de incentivos para atraerlas, con bastante éxito. La mayoría ha aplicado una reducción de la carga fiscal para las grandes empresas tecnológicas y, especialmente en los países nórdicos, se ha permitido la contratación de suministro eléctrico a largo plazo para reducir los precios a estos grandes consumidores, y se ha facilitado la obtención de terrenos para construir centros de datos y otras instalaciones vinculadas a los servicios y las tecnologías digitales.
Pero el resto de países, que quieren aplicar tasas impositivas superiores a estos negocios, aducen que estas empresas multinacionales tienen muchas formas de evitar el pago de impuestos en la Unión Europea, lo que supone una pérdida económica importante y creciente para toda la región. Por ello, aunque aceptan que no pueden aplicar ahora ese nuevo impuesto, no se resisten en la búsqueda de una forma de controlar mejor la fiscalidad de estas compañías.
Por ahora, tras la paralización de su iniciativa, la Unión Europea adoptará la propuesta de los países nórdicos para encontrar una estrategia fiscal digital consensuada con la OCDE. Esta organización quiere reformar la forma de tributación digital para acabar con las lagunas que permiten a estas empresas reducir sus impuestos de formas poco éticas o transparentes, algo que convence más a los países del norte de Europa.
Pero la UE ya ha advertido que, si este camino no proporciona resultados satisfactorios, o si se retrasa excesivamente la reforma, volverá a revisar su propuesta inicial y tratará de aprobar nuevamente una tasa para este tipo de negocios digitales. Esto mantiene un cierto clima de tensión, ya que los países nórdicos y sus aliados en esta cuestión están muy preocupados por atraer y mantener las inversiones de estas empresas en sus respectivas regiones, que consideran fundamentales para su economía y competitividad de cara al futuro. Asimismo, abogan por una mayor cooperación internacional con Estados Unidos, una cuestión delicada actualmente, debido a las tensiones que está generando la actual administración estadounidense en los mercados globales.
Ante esta situación, ciertos países alineados contra las políticas fiscales ventajosas aplicadas a las grandes multinacionales tecnológicas que se están instalando dentro de las fronteras de la UE, han dejado clara su intención de crear sus propias tasas digitales para estas organizaciones dentro de sus respectivos países. Esta línea política se está viendo reforzada, ahora que Europa no puede poner medidas comunitarias contra la fuga de capital que perciben por la gran cantidad de negocios y clientes que contratan estos servicios. Aunque no está claro todavía qué forma tendrán estas normativas ni el impacto que podrían tener en el sector tecnológico y de servicios dentro de estos países, algo que se verá en los próximos años.