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Varapalo a la regulación de privacidad electrónica en la Unión Europea

  • Seguridad

privacidad

Los estados miembros de la UE no se ponen de acuerdo en la forma que debe tener la futura regulación de privacidad para los servicios digitales como Skype y WhatsApp. El problema parece ser las diferencias de opinión en cuanto al alcance que debe tener esta futura regulación, en cosas como el rastreo de cookies, los requisitos de consentimiento de uso de estos servicios o la profundidad que alcanzarán los sistemas de detección y eliminación de contenido ilegal.

En el año 2017 se lanzó el primer borrador de la directiva ePrivacy europea, una iniciativa con la que se pretendía endurecer la regulación de privacidad que afecta a las aplicaciones como el correo electrónico y la mensajería instantánea, ya que se consideraba excesivamente laxa. Desde entonces se ha avanzado mucho en otras líneas regulatorias, como la que ha dado lugar a la ley de privacidad GDPR, pero el trabajo en esta otra norma, más específica, no ha dado los mismos frutos.

De hecho, se acaba de saber que las negociaciones entre los diferentes países miembros de la Unión Europea se han estancado y no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre las características que debería tener esta ley. Este es el paso previo que debe darse antes de poder trasladar estas conversaciones a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

El motivo de este desacuerdo es que los países miembros no tienen el mismo punto de vista sobre cómo deben ser las normas que regularán el rastreo de cookies, la detección y eliminación de contenido ilegal y los requisitos de consentimiento que deben aceptar los usuarios de estos servicios. Este punto concreto, en el borrador, contemplaba que las empresas deben contar con la autorización de los usuarios antes de poder realizar un seguimiento de sus actividades online, y que deben garantizar la total confidencialidad de las comunicaciones, sin que para ello haga falta intervención del usuario.

En oposición a esta y otras medidas las empresas responsables de este tipo de servicios aducen que estas reglas son demasiado estrictas y que impondrían restricciones demasiado complicadas a los proveedores. En opinión de Diego Naranjo, Jefe de Política de Derechos Digitales Europeos (EDRi), el fracaso de estas conversaciones entre los países supone un paso atrás para la Unión Europea, y señaló que “Al diluir primero el texto y ahora detener el Reglamento de privacidad electrónica, el Consejo adopta una postura para proteger los intereses de los anunciantes de seguimiento en línea y garantizar el dominio de las grandes tecnológicas”.