Las zonas rurales españolas mejorarán sus redes con la colaboración de la UE

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La Comisión Europea acaba de aprobar una inyección de capital de 400 millones de euros para ayudar a España en la mejora de las redes de datos en zonas rurales. Este plan de ayudas permitirá desplegar redes de banda ancha en las zonas donde hay más problemas de cobertura, reduciendo la brecha existente con las zonas donde las empresas de telecomunicaciones han priorizado sus despliegues.

Según se ha dado a conocer esta semana, la Comisión Europea ha aprobado un plan de ayudas para ayudar a España a mejorar las condiciones de las redes públicas en las zonas rurales con peores condiciones. Esta iniciativa aportará 400 millones de euros, destinados originalmente a reducir en lo posible la diferencia que existe entre estas regiones desfavorecidas y las zonas donde las empresas privadas del sector de las telecomunicaciones han decidido enfocar sus esfuerzos.

Gracias a estas ayudas, los habitantes y las empresas de estas regiones podrán gozar de una capacidad de conexión a internet y a la nube más cercana a la que se disfruta en las grandes ciudades, donde se puede presumir de tener una red a la altura de las aspiraciones europeas, que supera a la de muchos otros países de la región.

Otro de los objetivos principales de estas ayudas es ofrecer un acceso igualitario a todos los proveedores de telecomunicaciones en el país, de forma que tengan la oportunidad de ofrecer las mismas condiciones de servicio en todo el país, incrementando la competitividad en favor de los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas.

En palabras de Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión al cargo de Competencia, “Las empresas y los consumidores españoles deben beneficiarse de todo el potencial del crecimiento digital, independientemente de dónde estén”. Por ello, la UE quiere ayudar a garantizar unos mínimos de calidad en el acceso a Internet en toda la geografía nacional y con este plan, que se podrá en marcha en 2020, pretende lograr que cualquier usuario del país tenga acceso a conexiones simétricas de 300 Mbps, ampliables a 1 Gbps. Y también acabar con la supremacía de ciertos proveedores, que limitan la capacidad de servicio de su competencia al ser los propietarios y usuarios prioritarios de las redes.