La privacidad de los datos pone trabas al desarrollo de Smart Cities

El concepto de ciudad inteligente, mejor gestionada y con beneficios para los ciudadanos y la administración no puede ser más atractivo. Los proyectos actuales de Smart City tienen objetivos muy diferentes según el país en que se están llevando a cabo, ya que las regulaciones de protección de datos imponen límites distintos. Por ejemplo, si se comparan recientes iniciativas en Estados Unidos y Europa, muchos de los gobiernos norteamericanos no tienen normas estatales (ni existen leyes federales) tan estrictas como las que hay actualmente en Europa. En esos estados, los proyectos de Smart City contemplan la recolección de gran cantidad de datos de los ciudadanos, y no todos se clasificarían como anónimos, lo que suscita muchas preocupaciones entre la población por las implicaciones que podría tener la violación de su privacidad con fines comerciales o de control por parte del gobierno.

En Europa, y en otros países con regulaciones de protección de datos más estrictas, las limitaciones que imponen leyes como GDPR están condicionando las características de las iniciativas Smart City. Bajo el paraguas de la ley, las autoridades están centrando sus proyectos más en la mejora de determinados servicios públicos y de emergencia, en la automatización de sistemas de alerta y de elementos como la iluminación urbana o el riego de parques y jardines, y la monitorización en tiempo real del tráfico o la calidad del aire, entre otras cosas. Aun así, hay ciertas cuestiones relativas a la privacidad de los ciudadanos que están en entredicho ya que, al monitorizar el flujo de vehículos y personas, aunque su finalidad sea mejorar el tráfico y la circulación de peatones, se graba en vídeo o se registra la ubicación de las personas.

Esta cuestión empieza a forzar los límites que imponen las leyes en cuanto a la privacidad de las personas, y este tema solo es la punta del iceberg. El futuro de una Smart City es integrar mucha más información, no solo de los servicios públicos y el estado de la ciudad, sino de las personas, los comercios y las empresas, impulsando un modelo de convivencia y de economía local basado en los datos. Para lograr esto las personas y organizaciones deberían permitir la recopilación de la información que generan en sus actividades diarias y, aunque el objetivo sea ofrecer servicios e información más personalizada, esta falta de privacidad suscita mucha desconfianza, y con razón.

La sombra de un control estatal excesivo sobre los ciudadanos y del beneficio de las empresas a costa de las personas oscurece el futuro de los proyectos de ciudad inteligente. Por ello, las autoridades deben considerar con mucho cuidado cómo construyen la infraestructura que gobierna una Smart City, y es preciso configurar un complejo sistema de clasificación de la información y un estricto sistema de permisos para accede a ella, manteniendo una seguridad férrea para evitar el robo de datos o la manipulación de los mismos. Esto no es tarea fácil, pero es fundamental para que la población acepte formar parte de una mega estructura digital capaz de mejorar (o empeorar) las condiciones de vida de las personas. En países con normativas más relajadas en cuanto a la utilización de datos personales se están desarrollando procesos de digitalización de las ciudades que no tendrían cabida en Europa, y los agentes sociales están posicionándose en contra de estas iniciativas.

Ejemplos de ello se han visto recientemente en ciudades norteamericanas, donde parece pesar más el uso interesado de la información personal de los ciudadanos que garantizar sus derechos, lo que está generando una oposición cada vez mayor. Una cosa es permitir a Amazon o Netflix que conozca tus preferencias personales para hacerte recomendaciones de productos o contenidos de tu interés, o que los servicios sanitarios estén al tanto de tus condiciones físicas en caso de que tengas una enfermedad o dolencia, y otra es que el gobierno sepa dónde estás, con quién y para qué. Por ello, establecer los límites adecuados entre lo necesario y lo útil en los proyectos de ciudad inteligente, respetando las libertades individuales, es una brecha que se debería superar mediante el consenso entre la sociedad y las autoridades.

En términos generales, la sociedad disfruta pensando en la idea de vivir en una ciudad inteligente. Por su parte, las empresas, muy especialmente los comercios y establecimientos públicos, también lo ven con buenos ojos, ya que la informatización a nivel de ciudad puede ofrecerles ventajas comerciales mediante una personalización más dinámica e inteligente de su oferta, que atraería a los clientes. Y las autoridades podrían mejorar enormemente la prestación de servicios públicos, reduciendo mucho los costes. Pero los intereses de todas estas partes deberían ser ponderados, poniendo como límite la libertad de las personas a la hora de elegir qué datos quieren compartir, con quién y con qué fines específicos.

En este sentido, Europa está en una de las mejores posiciones del mundo para lograr esto, gracias a sus leyes de protección de la privacidad. Pero, debido a este alto nivel de protección, se retrasará la expansión de los proyectos de Smart City a una escala mayor, en la que se integrarán todos los servicios públicos y privados con la actividad de las personas, con el fin de construir una “máquina” mejor engrasada. El resultado podría ser más respetuoso con las personas, pero probablemente llegará más tarde que en otros países más centrados en los intereses comerciales que en los derechos civiles.