La UE quiere prohibir el reconocimiento facial en lugares públicos
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Mientras que muchas empresas y ciertos gobiernos se plantean usar esta tecnología para, en teoría, facilitar los servicios digitales a los consumidores, la Unión Europea está muy preocupada por los problemas de privacidad. Por ello, está considerando la posibilidad de prohibir esta tecnología durante los próximos cinco años, lo que le permitirá ganar tiempo para regular mejor su uso en estos entornos.
Las tecnologías de reconocimiento biométrico prometen facilitar la identificación de las personas para una mejor entrega de servicios, como puede ser el pago, el acceso al transporte público y otras aplicaciones que se están modernizando con rapidez. Pero implementar estos sistemas plantea problemas relacionados con la privacidad, sobre todo cuando se trata de cámaras instaladas en lugares públicos.
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Muchas empresas y agencias gubernamentales miran con buenos ojos las posibilidades que les proporcionará el reconocimiento facial, pero la Unión Europea está cada vez más preocupada por los problemas de privacidad que implica esta tecnología, y porque ya se están implementando numerosos proyectos piloto en áreas como el transporte o la sanidad, donde se prevén muchas ventajas para los usuarios y para las administraciones y empresas vinculadas.
El problema para los representantes de la UE es que necesitan tiempo para evaluar el impacto de esta tecnología y desarrollar las leyes que regulen su uso en beneficio de las personas, sin contravenir otras leyes existentes como la de protección de datos (GDPR). Al parecer, contemplan la posibilidad de hacer excepciones en casos como proyectos de seguridad y de investigación y desarrollo.
Por ahora, según un documento presentado por miembros de la UE, se sugieren cinco posibles enfoques sobre como regular el uso del reconocimiento facial en espacios públicos. En general, se trata de imponer una serie de requisitos mínimos que se deberían cumplir para implementar esta tecnología en aplicaciones de alto riesgo para la privacidad, especialmente en la atención médica, el transporte, la seguridad ciudadana y el poder judicial.
También se prevé la posibilidad de aplicar enmiendas específicas para abordar cuestiones críticas de seguridad y responsabilidad, así como requisitos de gobernanza para los desarrolladores de inteligencia artificial y de productos que usan esta tecnología. Y todo ello deberá estar supervisado por las autoridades nacionales, para que se cumplan tanto sus leyes como las europeas.
